Ha pasado casi un año desde que los cinco países del Caribe Oriental con programas de ciudadanía por inversión (CPI) decidieron firmar un memorando de acuerdo. Estos son San Cristóbal, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Granada y Dominica.
Aunque Santa Lucía tardó más tiempo en firmar, finalmente lo hizo, comprometiéndose, al igual que sus vecinos, a cumplir con ciertos estándares comunes. Estos se centran principalmente en una mayor seguridad y transparencia financiera, la alineación de precios entre los programas y el establecimiento de prácticas comunes de supervisión.
Desde ese día, se han realizado varios cambios y continúan implementándose pasado ya un año. Sin embargo, esto parece ser solo el comienzo. ¿Qué estándares se aplicarán y qué ente regulador estará a cargo de hacerlos cumplir? ¿Perderá competitividad el Caribe debido a estas implementaciones?
San Cristóbal, Antigua y Los Demás Países Continúan Su Camino hacia Una Mayor Transparencia Financiera
Para comenzar esta nueva etapa y cumplir con lo acordado en el MOA, es necesario que exista la legislación adecuada, pero ¿qué legislación y quién la redactará? ¿Qué ente regulador estará involucrado? La persona clave en este proceso es la consultora legal Lydia Elliott, quien ha sido asignada a la redacción de dichas normas.
Con el propósito de crear las leyes y reguladores adecuados y establecer las implementaciones del acuerdo, Elliott ha estado realizando investigaciones y evaluando el panorama desde el año pasado, presentando avances en enero. De hecho, fuentes confiables afirmaron que se reuniría con actores clave en el ámbito de la ciudadanía por inversión. Estas reuniones están programadas para principios de marzo, lo que significa que, en el momento de escribir este artículo, aún debemos esperar para conocer las conclusiones de dichos encuentros y si arrojan algo de luz sobre el futuro de los programas desde este año en adelante.
Con el objetivo de preparar el terreno para el uso óptimo de los programas, su buena reputación y transparencia financiera, Lydia Elliott parece ser una candidata ideal gracias a su larga trayectoria de más de cuatro décadas. Elliott trabajó como consultora legal para el Banco Central del Caribe Oriental durante once años.
San Cristóbal, Antigua y Sus Programas de Ciudadanía por Inversión: Cambios Desde el Moa
Uno de los puntos del MOA es la alineación de precios, lo que implicó un aumento para muchos programas, especialmente en sus vías de donación. San Cristóbal, Antigua, Santa Lucía y los demás países tuvieron que actualizar los umbrales mínimos de inversión. Para algunos, el cambio fue suave, pero para otros fue bastante abrupto.
Además, las implementaciones ocurrieron en diferentes momentos, aunque debían realizarse simultáneamente desde el 1 de julio. Solicitudes acumuladas, circunstancias imprevistas y retrasos en los organismos legislativos resultaron en aplazamientos.
Incluso se tuvieron que hacer algunas correcciones después de la primera ronda. Por ejemplo, en noviembre, San Cristóbal y Nieves cambió nuevamente su umbral para bienes raíces, ahora hacia abajo, reduciéndolo a $325,000.
Las Oportunidades en San Cristóbal, Antigua y Los Países del Caribe Oriental Siguen en Pie
En definitiva, obtener una segunda ciudadanía hoy en día es una decisión inteligente. Las razones han sido explicadas y analizadas a fondo en nuestros artículos. En este contexto, el Caribe sigue siendo una opción sólida, ofreciendo un entorno estable con más programas y menores costos que Europa, y mejor accesibilidad que Vanuatu.
Por mencionar algunos ejemplos, Antigua y Barbuda ofrece una inversión mínima de $300,000 en bienes raíces y $230,000 para donación. San Cristóbal y Nieves, por su parte, permite la elegibilidad para ciudadanía por donación con un mínimo de $250,000 y bienes raíces mediante inversión en desarrollos por $325,000*.
Nota: estos precios aplican al momento de escribir este artículo, pero pueden cambiar en el momento en que usted lo lea. Además, no incluyen honorarios legales, tarifas gubernamentales ni otros costos.
Descargo de responsabilidad: Este artículo es una pieza editorial; por lo tanto, no debe considerarse como asesoramiento financiero, migratorio o de inversión. Antes de solicitar un programa de ciudadanía por inversión, asegúrese de consultar con un profesional certificado.
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