La micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) generan en Panamá el 49% de las plazas de trabajo, según la información suministrada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en 2018. En Centroamérica se estima que el 95% de las empresas son MIPYME, generando el 54% de los empleos de esta región y aportando el 34% del PIB regional.

A nivel global, según datos de las Naciones Unidas, las MIPYME representan el 90% del total de empresas, generando entre el 60% y 70% del empleo siendo responsables del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial.

De ahí, que en España un grupo de las 70 grandes empresas e instituciones españolas de sectores como la banca, energía y telecomunicaciones entre otros, constituyeran el consorcio Alastria, que es la primera red española regulada basada en el blockchain del mundo, cuyo objetivo es el desarrollo del ecosistema de esta tecnología en España.

Entendiendo la importancia de las MIPYME, Alastria permite que éstas sean socias pagando una anualidad de 500.00 euros, situación que le permite a las empresas de este sector tener acceso a la información de las grandes empresas e incluso a algunas de sus plataformas tecnológicas.

En un mundo posterior al Brexit, los acuerdos recientemente ratificados entre Irlanda y el Reino Unido mantendrán estrechos los vínculos entre los dos países y otorgarán al pasaporte irlandés un lugar excepcional en el panorama del RCBI.

Aunque el Brexit genera una relación política y económica incierta entre Gran Bretaña y la UE, un elemento que sigue siendo importante por ahora es el vínculo entre Irlanda y el Reino Unido.

Recientemente, el Reino Unido y la UE suscribieron un protocolo de acuerdo, reafirmando su compromiso de salvaguardar la Common Travel Area (CTA), así como los derechos y privilegios prometidos para los ciudadanos británicos e irlandeses a través de ésta.

«Como en todos los demás aspectos de la vida, el Brexit está teniendo un impacto en la posición que ocupa Irlanda en el ámbito global, tanto desde el punto de vista comercial como de inmigración», afirma Aoife Gillespie, asociado principal de la firma irlandesa de abogados Philip Lee. «Gracias a la Common Travel Area, Irlanda continuará beneficiándose de una relación muy estrecha con el Reino Unido, aún después del Brexit».

En conversaciones tempranas este año con IMI (Investment Migration Insider, página web para la inversión migratoria), el Ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Tudor Ulianovschi, indicó que el programa de ciudadanía por inversión recientemente abierto no interfiere con el objetivo de su país de unirse algún día a la UE, sino todo lo contrario, y que está contento de haber contado con socios del sector privado para ayudar a estructurar el programa.

«Esto ha sido, sin duda, un aspecto de sumo interés para ellos” respondió el Ministro Ulianovschi cuando el IMI preguntó a sus homólogos diplomáticos europeos cómo habían reaccionado ante la noticia de la apertura de un Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP por sus siglas en inglés) por parte de su país.

«También es una cuestión de obligación, por nuestra parte, comunicarnos bien y proporcionar los detalles sobre el programa, asegurándonos de que nuestros socios de la UE sepan que estamos adoptando un enfoque responsable. No he notado ningún nivel de preocupación, pero sí de creciente interés».

La Ley de Sustancia Económica de Bermudas y el Reglamento de Sustancia Económica, ambos del 2018, entraron en vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año. Inmediatamente, se comenzó a aplicar este marco legal a las nuevas entidades constituidas y/o registradas a partir de la mencionada fecha. Para las ya existentes, habrá un período de transición de seis meses y el primer informe se presentará en 2020.

En el marco de la Ley de Sustancia de Bermuda, las “entidades registradas” de dicha jurisdicción son:

1. Compañías constituidas en virtud de la Ley de Empresas de 1981;
2. Compañías conformadas bajo la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2016; y
3. Sociedades (exentas, simples exentas o en el extranjero) que hayan optado por tener personalidad jurídica por separado, en virtud del artículo 4A de la Ley de Sociedades de 1902.

Actualmente, para las entidades que son residentes fiscales fuera de las Bermudas, no existe exención alguna de los requisitos de sustancia que aplica dicha jurisdicción.

Entidades que están sujetas a los requisitos de sustancia económica en Bermudas

Una entidad registrada en Bermudas estará sujeta a la Ley de Sustancia de Bermudas si realiza cualquiera de las siguientes «actividades relevantes»:

• Banca
• Seguros
• Gestión de fondos
• Financiamiento
• Arrendamiento
• Sede principal
• Envíos
• Centro de distribución y servicio
• Propiedad intelectual
• Sociedad tenedora de acciones

Cada una de las actividades anteriores está definida en el Reglamento de Sustancia de Bermudas. Se prevé que las directrices correspondientes serán emitidas por el Gobierno de las Bermudas a su debido tiempo, lo cual debería brindar mayor claridad sobre las actividades mencionadas.

Desde principios de 2019  se han presentado nuevos requisitos a las empresas de Belice. En este artículo, revisaremos la nueva normativa que necesitan conocer todos aquellos interesados en registrar una empresa en el país centroamericano.

El principal cambio es que, a partir de ahora, las corporaciones de negocios internacionales (IBC) de Belice podrán:

• poseer propiedades en el país;
• hacer negocios con los residentes locales;
• comerciar en territorio beliceño;
• comprar acciones de cualquier empresa del país;
• abrir y gestionar cuentas en moneda nacional en bancos locales.

Por otro lado, el nuevo requisito es tener presencia física en Belice. Este requisito se aplica a las IBC que posean licencias emitidas por la Comisión de Servicios Financieros Internacionales (IFSC); por ejemplo, licencias de servicios de inversión, de comercio de valores, etc.

Todas las IBC que consolidan una presencia física en Belice se convierten automáticamente en residentes fiscales del país. Independientemente de si la empresa tiene presencia física en Belice o no, puede solicitar el Certificate of Good Standing (sujeto al pago de la tasa de renovación anual), así como la asignación de un número de identificación fiscal (TIN).

Como parte de una discusión en Davos durante el Foro Económico Mundial de este enero, centrada en el concepto de Equidad Soberana, los panelistas compartieron su visión del papel de la migración de inversión en la reducción de los niveles de deuda global y en la reducción de la brecha entre los lugares que tienen talento y los lugares que lo necesitan.

Lo mejor está por llegar

«La industria de la migración de inversiones, dependiendo de cómo se mida, supera con creces los 20.000 millones de dólares al año, y ahora tenemos más de 100 países en todo el mundo que tienen una legislación vigente para los programas de migración por inversión», un número que representa a más de la mitad de los países del mundo, añade Kälin.

«De éstos, alrededor de 50-60 tienen lo que llamaríamos programas activos […] y vemos que esto se incrementa cada año sobre una base casi mensual, por lo que prevemos que ahora más y más países asuman este concepto. No estamos en medio de la tendencia; de hecho, estamos sólo al comienzo de una enorme tendencia mundial en la que los estados soberanos realmente adoptan este concepto de capital soberano».

La industria de la tecnología de la información ha sido fuente de ideas, contenido y patrimonio económico en las últimas décadas. No importa si hablamos de Facebook, Apple, Mailchimp o cualquier otro producto o servicio, las compañías del sector TI son las que están recogiendo los mejores frutos de la economía moderna.

En todo caso, una empresa de TI que trate de desarrollar servicios valiosos debe comenzar por algún sitio, y es mejor que minimice los costes durante sus comienzos. Por supuesto, puede hacerlo vía despidos de empleados innecesarios o mediante el ahorro en la parte técnica. Sin embargo, cabe también la posibilidad de elegir un país en el que no sea necesario, o apenas lo sea, pagar impuestos.

El primer pensamiento que surge en la mente de un empresario al reflexionar en torno a esta posibilidad es el de emplear compañías offshore; se trata de algo razonable y provechoso, siempre y cuando sepa dónde abrir una cuenta y la infraestructura del offshore se ajuste a su modelo de negocio.

Por otra parte, las compañías offshore clásicas están sufriendo una gran presión estos últimos años. La manifestación más frecuente de ello es la negativa de los bancos de renombre a prestar servicio a este tipo de compañías. Para una empresa que vive solo de pagos electrónicos, la ausencia de banco o, al menos, de una cuenta en un sistema de pago implica su desaparición.

¿Por qué exponer el negocio a riesgos innecesarios y someterlo al control constante de los enemigos del offshore? ¿Por qué no elegir un país que ofrezca condiciones beneficiosas para emprender un negocio de TI y que, al mismo tiempo, carezca de manchas en su reputación histórica?

Polonia cuenta un mercado desarrollado, siendo una potencia regional que mantiene una economía de altos ingresos conjuntamente con niveles muy elevados de calidad de vida, seguridad, educación y libertad financiera. Posee la quinta economía más grande de la UE en términos del PIB y una de las más dinámicas del mundo, además de que el país alcanza paralelamente un rango muy alto en el Índice de Desarrollo Humano.

El sistema educativo escolar del país  está desarrollado, además también se ofrece educación universitaria gratuita, seguridad social financiada por el estado y un sistema de atención médica universal para todos los ciudadanos.

Sin duda, Polonia es el tipo de país que llamaría la atención de cualquier empresario, ya que brinda grandes oportunidades para establecer una empresa dentro de su territorio.

Hoy Mundo Offshore conversa con Viktor Balabanov, un experto de negocios en Polonia, quien compartirá sus conocimientos sobre cómo iniciar negocios en este dinámico país.

Recientemente fueron publicadas las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2018, las cuales indican que el Programa de Ciudadanía por Inversión de Granada (CIP) otorgó 851 pasaportes en dicho periodo, 21% más que el año anterior, y recaudó 147 M EC$ en ingresos (54 M USD), lo que representa una mejora del 25,8%.

En 2018, el programa recibió 313 solicitudes (un 6% más que en 2017), aprobó 244 (un 26% más) y rechazó 13 (12 menos respecto al año anterior, cuando se ubicó en 25).

Desde el relanzamiento del programa en 2014, un total de 2 080 individuos han obtenido la ciudadanía granadina a través de su participación en el CIP. Durante el mismo período, fueron 875 los aspirantes principales que presentaron sus solicitudes ante el CIU de Granada, de las cuales se aprobaron 615 y se rechazaron 57 (una tasa global de rechazo del 8,4%), cifras que indican que aún quedan pendientes 203 solicitudes por ser adjudicadas.

La ley del 2018 sobre la sustancia económica en Las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), aplicable a compañías y sociedades limitadas, surgió bajo el nombre de Ley de Sustancia de BVI y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha ley se complementa con el Código de Sustancia Económica de BVI, el cual se encuentra actualmente en fase de anteproyecto. Este marco legal aplica a las siguientes “entidades legales”:

1. Compañías locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Compañías de Negocios de BVI de 2004 (enmendada), excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI;
2. Sociedades limitadas locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Sociedades de 1996 o la Ley de Sociedades Limitadas de 2017, excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI o que no tienen personalidad jurídica; pero no incluye:
3. Un fondo de inversión (dentro del significado de la legislación aplicable de BVI); o
4. Una compañía o sociedad limitada no residentes.

Una entidad es considerada como «no residente» si la compañía/sociedad es residente fiscal en un territorio fuera de BVI que no se encuentre en el Anexo 1 de la lista de la UE que contiene las jurisdicciones no cooperativas para fines fiscales.