La Ley de Sustancia Económica de Bermudas y el Reglamento de Sustancia Económica, ambos del 2018, entraron en vigencia el 31 de diciembre de ese mismo año. Inmediatamente, se comenzó a aplicar este marco legal a las nuevas entidades constituidas y/o registradas a partir de la mencionada fecha. Para las ya existentes, habrá un período de transición de seis meses y el primer informe se presentará en 2020.

En el marco de la Ley de Sustancia de Bermuda, las “entidades registradas” de dicha jurisdicción son:

1. Compañías constituidas en virtud de la Ley de Empresas de 1981;
2. Compañías conformadas bajo la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 2016; y
3. Sociedades (exentas, simples exentas o en el extranjero) que hayan optado por tener personalidad jurídica por separado, en virtud del artículo 4A de la Ley de Sociedades de 1902.

Actualmente, para las entidades que son residentes fiscales fuera de las Bermudas, no existe exención alguna de los requisitos de sustancia que aplica dicha jurisdicción.

Entidades que están sujetas a los requisitos de sustancia económica en Bermudas

Una entidad registrada en Bermudas estará sujeta a la Ley de Sustancia de Bermudas si realiza cualquiera de las siguientes «actividades relevantes»:

• Banca
• Seguros
• Gestión de fondos
• Financiamiento
• Arrendamiento
• Sede principal
• Envíos
• Centro de distribución y servicio
• Propiedad intelectual
• Sociedad tenedora de acciones

Cada una de las actividades anteriores está definida en el Reglamento de Sustancia de Bermudas. Se prevé que las directrices correspondientes serán emitidas por el Gobierno de las Bermudas a su debido tiempo, lo cual debería brindar mayor claridad sobre las actividades mencionadas.

Los proyectos inmobiliarios del CPI no necesariamente implican construcciones al estilo playero; para el próximo programa de ciudadanía de Montenegro, la ubicación probable de su primer proyecto aprobado es en una tranquila ciudad de montaña.

Vijesti informa que, durante una conferencia de inversión en Budva esta semana, Damir Davidovic, el Secretario de Estado del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Turismo, reveló que dicha institución ya había registrado un proyecto de hotel destinado para la inversión por parte de los ciudadanos económicos en el municipio norteño de Kolašin. Davidovic comentó que estaba «particularmente entusiasmado» con el proyecto, el cual constituiría parte de un desarrollo integral a gran escala de estaciones de esquí (Kolašin 1600), que además incluirá varios hoteles.

Entre los objetivos establecidos por el gobierno en relación al programa de ciudadanía por inversión se encuentra la promoción económica de la región norte menos desarrollada de Montenegro. Con este fin, el ministerio ha diseñado el programa con la inclusión de incentivos, los cuales se espera que motiven a los inversionistas por ciudadanía y a las inmobiliarias a otorgar prioridad a la zona norte e interior del país sobre la capital y las regiones costeras al estilo riviera, ya que ambas son de por sí perspectivas atractivas de inversión, pero cuyos requisitos para invertir son considerablemente más altos, tanto para los desarrolladores como para los potenciales ciudadanos por inversión.

Recientemente fueron publicadas las cifras correspondientes al cuarto trimestre de 2018, las cuales indican que el Programa de Ciudadanía por Inversión de Granada (CIP) otorgó 851 pasaportes en dicho periodo, 21% más que el año anterior, y recaudó 147 M EC$ en ingresos (54 M USD), lo que representa una mejora del 25,8%.

En 2018, el programa recibió 313 solicitudes (un 6% más que en 2017), aprobó 244 (un 26% más) y rechazó 13 (12 menos respecto al año anterior, cuando se ubicó en 25).

Desde el relanzamiento del programa en 2014, un total de 2 080 individuos han obtenido la ciudadanía granadina a través de su participación en el CIP. Durante el mismo período, fueron 875 los aspirantes principales que presentaron sus solicitudes ante el CIU de Granada, de las cuales se aprobaron 615 y se rechazaron 57 (una tasa global de rechazo del 8,4%), cifras que indican que aún quedan pendientes 203 solicitudes por ser adjudicadas.

Hungría es un país asombroso y enigmático que cuenta con unos 10 millones de habitantes. Sus ciudadanos están muy orgullosos, y con razón, de su extraordinario idioma oficial. El húngaro es un idioma muy sofisticado y vastamente expresivo. Es la lengua urálica más hablada en el mundo. Budapest es la capital y la ciudad más grande del país, siendo uno de los destinos turísticos más populares de Europa.

Los húngaros son descendientes de varias tribus de Asia Central, que se creía que eran feroces jinetes nómadas, y llegaron a Europa Central en el siglo IX.

En el siglo XII, Hungría se convirtió en una potencia regional, alcanzando su máximo nivel cultural y político en el siglo XV.

Hungría pasó a ser un estado satélite de la Unión Soviética y su revolución de 1956 le confirió una amplia atención por parte de la comunidad internacional. En 1989 el país se convirtió en una república parlamentaria democrática.

La rica historia cultural de Hungría comprende importantes contribuciones a las artes, la música, la literatura, los deportes, la ciencia y la tecnología. Es uno de los destinos turísticos más populares de Europa y atrajo a 15.8 millones de turistas internacionales en 2017, debido a sus encantos naturales tales como el sistema de cuevas de aguas termales más grande del mundo, el segundo lago termal de amplias dimensiones y las praderas naturales más extensas de Europa Central.

El gobierno de Granada acaba de publicar una amplia serie de enmiendas a su Ley de Ciudadanía por Inversión de 2013. 

Ningún programa de ciudadanía por inversión ha experimentado una transformación más completa en los últimos seis meses que el de Granada:

• En septiembre del año pasado, el programa contrató a un nuevo director para la Ciudadanía por Inversión (CIU por sus siglas en inglés) – Thomas Anthony.
• En marzo, introdujo cambios de gran importancia en la definición de «dependiente» y anunció que los bienes inmuebles del Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP por sus siglas en inglés) estarían disponibles en un mercado secundario.
• También en marzo se abrió la posibilidad de co-invertir en bienes raíces, reduciendo efectivamente la inversión mínima de US$350.000 a US$220.000, pero también impuso estrictos requisitos a los desarrolladores que deseaban comercializar sus proyectos bajo la nueva opción de precio.
• El jefe de CIU, Thomas Anthony, ha anunciado estrictos requisitos de documentación para las transacciones de bienes raíces con el fin de evitar el descuento ilegal experimentado entre programas similares en la región.

La ley del 2018 sobre la sustancia económica en Las Islas Vírgenes Británicas (BVI, por sus siglas en inglés), aplicable a compañías y sociedades limitadas, surgió bajo el nombre de Ley de Sustancia de BVI y entró en vigor el 1 de enero de 2019. Dicha ley se complementa con el Código de Sustancia Económica de BVI, el cual se encuentra actualmente en fase de anteproyecto. Este marco legal aplica a las siguientes “entidades legales”:

1. Compañías locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Compañías de Negocios de BVI de 2004 (enmendada), excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI;
2. Sociedades limitadas locales y extranjeras constituidas/registradas bajo la Ley de Sociedades de 1996 o la Ley de Sociedades Limitadas de 2017, excluyendo aquellas que no son residentes en las BVI o que no tienen personalidad jurídica; pero no incluye:
3. Un fondo de inversión (dentro del significado de la legislación aplicable de BVI); o
4. Una compañía o sociedad limitada no residentes.

Una entidad es considerada como «no residente» si la compañía/sociedad es residente fiscal en un territorio fuera de BVI que no se encuentre en el Anexo 1 de la lista de la UE que contiene las jurisdicciones no cooperativas para fines fiscales.

En conversaciones tempranas este año con IMI (Investment Migration Insider, página web para la inversión migratoria), el Ministro de Asuntos Exteriores de Moldavia, Tudor Ulianovschi, indicó que el programa de ciudadanía por inversión recientemente abierto no interfiere con el objetivo de su país de unirse algún día a la UE, sino todo lo contrario, y que está contento de haber contado con socios del sector privado para ayudar a estructurar el programa.

«Esto ha sido, sin duda, un aspecto de sumo interés para ellos” respondió el Ministro Ulianovschi cuando el IMI preguntó a sus homólogos diplomáticos europeos cómo habían reaccionado ante la noticia de la apertura de un Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP por sus siglas en inglés) por parte de su país.

«También es una cuestión de obligación, por nuestra parte, comunicarnos bien y proporcionar los detalles sobre el programa, asegurándonos de que nuestros socios de la UE sepan que estamos adoptando un enfoque responsable. No he notado ningún nivel de preocupación, pero sí de creciente interés».

En los próximos tres años, Montenegro pondrá en marcha un programa que ofrecerá la ciudadanía a un máximo de 2.000 extranjeros a cambio de una inversión para contribuir a la aceleración de su desarrollo económico. Un pasaporte de Montenegro, país adriático con una población de 620.000 habitantes, que es miembro de la OTAN y aspira a entrar en la Unión Europea, permitirá a sus ciudadanos viajar sin visado a 117 países.

El ejecutivo de la UE ofrece orientación a los Estados de la UE sobre cómo operar los sistemas nacionales de venta de pasaportes y permisos de residencia a ciudadanos extranjeros adinerados y promulga medidas preventivas a fin de que los legisladores logren contrarrestar el riesgo del blanqueo de dinero.

El plan de Montenegro para atraer inversiones a cambio de la ciudadanía, pone al país a la par de otras 13 naciones europeas entre las que se incluyen Portugal, Malta y Letonia. Los términos del programa son que los candidatos potenciales deben donar 100.000 euros para el desarrollo de las comunidades pobres e invertir 250.000 euros en proyectos de desarrollo en el norte y centro de Montenegro o 450.000 euros en proyectos en la capital Podgorica o a lo largo de la costa.

La micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) generan en Panamá el 49% de las plazas de trabajo, según la información suministrada por la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) en 2018. En Centroamérica se estima que el 95% de las empresas son MIPYME, generando el 54% de los empleos de esta región y aportando el 34% del PIB regional.

A nivel global, según datos de las Naciones Unidas, las MIPYME representan el 90% del total de empresas, generando entre el 60% y 70% del empleo siendo responsables del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial.

De ahí, que en España un grupo de las 70 grandes empresas e instituciones españolas de sectores como la banca, energía y telecomunicaciones entre otros, constituyeran el consorcio Alastria, que es la primera red española regulada basada en el blockchain del mundo, cuyo objetivo es el desarrollo del ecosistema de esta tecnología en España.

Entendiendo la importancia de las MIPYME, Alastria permite que éstas sean socias pagando una anualidad de 500.00 euros, situación que le permite a las empresas de este sector tener acceso a la información de las grandes empresas e incluso a algunas de sus plataformas tecnológicas.

En un mundo posterior al Brexit, los acuerdos recientemente ratificados entre Irlanda y el Reino Unido mantendrán estrechos los vínculos entre los dos países y otorgarán al pasaporte irlandés un lugar excepcional en el panorama del RCBI.

Aunque el Brexit genera una relación política y económica incierta entre Gran Bretaña y la UE, un elemento que sigue siendo importante por ahora es el vínculo entre Irlanda y el Reino Unido.

Recientemente, el Reino Unido y la UE suscribieron un protocolo de acuerdo, reafirmando su compromiso de salvaguardar la Common Travel Area (CTA), así como los derechos y privilegios prometidos para los ciudadanos británicos e irlandeses a través de ésta.

«Como en todos los demás aspectos de la vida, el Brexit está teniendo un impacto en la posición que ocupa Irlanda en el ámbito global, tanto desde el punto de vista comercial como de inmigración», afirma Aoife Gillespie, asociado principal de la firma irlandesa de abogados Philip Lee. «Gracias a la Common Travel Area, Irlanda continuará beneficiándose de una relación muy estrecha con el Reino Unido, aún después del Brexit».